Cdmx, 22 de Mayo de 2019
En respuesta a las declaraciones vertidas en algunos medios de comunicación al respecto de la depositaría de bienes inmuebles que el SAE-Hacienda otorgó bajo un contrato a la activista Rosi Orozco, por el cual siempre se pagó renta (contraprestación), seguro, predial (obligación contraída por convenio) así como todos los servicios y derechos procedentes, se aclara lo siguiente:
La Comisión Unidos Vs Trata es una organización civil sin fines de lucro cuyo objetivo principal es abatir la trata de personas, así como atender y apoyar a las víctimas de esta repulsiva forma de esclavitud moderna. Se trata, en su mayoría, de niñas y niños que son secuestradas, ultrajadas y forzadas a fingir placer, en condiciones absolutamente inhumanas.
En inmuebles como los referidos procuramos la seguridad de quienes colaboran con la causa, así como proveer a las víctimas en rehabilitación un refugio a salvo de quienes aún buscan dañarlas. Ahí concentramos nuestros esfuerzos para hacerles saber que cuentan con un hogar y un verdadero respaldo. De la mano con personas e instituciones públicas y privadas, trabajamos arduamente para reparar su autoestima, devolverles la confianza en el futuro y reintegrarlas a una vida sana, productiva y lo más armoniosa posible.
El bienestar de las víctimas sobrevivientes del crimen de la trata de personas es el eje central que rige nuestra organización. La lucha contra la trata de personas implica también una lucha abierta contra la corrupción y la impunidad, por lo cual caminamos junto con el gobierno actual para combatir ambos males en nuestro país.
El uso de inmuebles incautados a la delincuencia organizada, bajo la administración de SAE-Hacienda está intrínsecamente relacionado con la seguridad, pues su ubicación debe ser resguardada al igual que la identidad de las víctimas. Por ello, estamos conformes con el retiro de dichos bienes por parte del gobierno. Sin embargo, pedimos sensibilidad, procurando violentar lo menos posible la estabilidad de los 35 niños y niñas y jóvenes en CDMX, pues su condición es ya sobradamente vulnerable y se es constante y abiertamente amenazada por peligrosos criminales.
La Comisión Unidos Vs Trata opera de forma transparente con cifras abiertas y auditadas. Reiteramos que por los bienes y su uso se han pagado puntualmente una renta, prediales y mantenimiento, todo ello en el más estricto apego a la ley.
Rechazamos que, en medio de una confusión, se ponga en tela de juicio la legitimidad de nuestra causa. Los testimonios de reintegración de las personas que apoyamos, son públicos desde su rescate hasta su completa rehabilitación y en muchos casos sus voces son ahora activistas en contra del delito de la trata.
El delito de la trata de personas es un crimen que afecta, sobre todo a las personas más pobres y vulnerables de nuestra sociedad; es utilizado para corromper, sobornar y extorsionar a funcionarios públicos. Por ello, acompañamos abiertamente la lucha contra la corrupción e impunidad impulsada por la presente administración; pero reiteramos nuestra petición a las autoridades responsables para que hallen piedad y consideren la situación de las víctimas para que puedan cambiar de domicilio sin sentirse perseguidas o acusadas injustamente, pues no se ha cometido abuso o delito alguno.
En esta lucha la única posibilidad de victoria es a través de la corresponsabilidad. Ningún esfuerzo que podamos hacer llegaría a buen puerto sin el apoyo de la ciudadanía y por supuesto del Gobierno Federal que es el primer interesado en dar la batalla al delito de trata de personas.
Atentamente
Comunicación Social
Comisión Unidos Vs. Trata A C.